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Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convoca instituciones en procura de que se fiscalice la ley de transito

Santo Domingo, República Dominicana: La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, convocó para este jueves a unas 25 organizaciones públicas y privadas, relacionadas con el transporte terrestre, movilidad y seguridad vial en el país, a los fines de procurar un procedimiento eficaz para fiscalizar la ley 63-17.

La convocatoria se convierte en un hecho sin precedentes en el Congreso Nacional y se espera que los invitados asistan a la cita la mañana de este jueves.

Rodríguez Restituyo dijo que por primera vez una Comisión se propone fiscalizar una ley.

“En la Cámara de diputados los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción, y el transporte como medio de desplazamiento y comunicación, junto a la seguridad vial, procura la prevención de accidentes” expresó el legislador.

Dijo además que, en República Dominicana, cada año ocurren más de cuatro mil muertes por esta causa y más de nueve mil personas resultan lesionadas. A todo este se le suma las pérdidas superan los cien millones.

“Es una responsabilidad del Congreso cambiar esta realidad, es por ello que vamos a fiscalizar esta ley. La seguridad vial es cuestión de derechos humanos”, manifestó el diputado.

Dentro de las organizaciones y personalidades invitadas está, la procuradora general Mirian Germán Brito, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte, Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública, Antonio Guzmán Peralta, director de la DIGESETT, Servio Tulio Castaños, presidente de FINJUS, Hugo Beras, director del INTRANT, el presidente del Concejo de la Empresa Privada (CONEP), Celso Marranzini, Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), entre otros.

La Ley 63-17 tiene por objeto regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana, igual que designar las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades, teniendo al INTRANT como órgano rector y regulador.

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