Una grave crisis ambiental y social ha estallado en Cotuí tras el desalojo forzoso de más de 2,500 familias de sus tierras agrícolas. Esta acción, presuntamente orquestada por la minera Pueblo Viejo Dominicana (PVD) con la supuesta complicidad del Gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), ha sido denunciada por el exsenador de La Romana, Iván Silva, como un acto de capitalismo depredador que prioriza la explotación minera sobre la vida humana y el patrimonio natural de la nación.
La preocupación central se intensifica por el riesgo medioambiental que representan las operaciones de la minera, especialmente la presencia de una piscina gigantesca de cianuro ubicada peligrosamente adyacente a dos tanques de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con una capacidad estimada de 160,000 galones. El exsenador Silva ha señalado el peligro que implica la alta corrosividad de las sustancias mineras, las cuales aceleran el deterioro de las estructuras metálicas de los tanques de GLP, creando un riesgo latente de explosión con consecuencias catastróficas, incluyendo la liberación de una nube tóxica de cianuro que eliminaría toda la vida en las áreas circundantes.
Al referirse al desalojo, el exsenador reveló que no solo afecta a las 2,500 o 2,600 familias expulsadas, sino que también amenaza irreversiblemente la riqueza hídrica y agrícola de la región. La expansión de las operaciones mineras, incluyendo la creación o desborde de presas de cola, ha resultado en la destrucción de vastas áreas agrícolas que sostenían la economía local. El desastre se extiende a la contaminación de tres grandes ríos de Cotuí y unos catorce arroyuelos vitales, evidenciada por la presencia de una «nube roja» de desechos que presuntamente termina en las fuentes de agua, exponiendo a la población al consumo de agua envenenada y a la respiración de gases tóxicos.
Silva destacó que la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diseñada para proteger el entorno, está siendo supuestamente ignorada sistemáticamente en favor de la minera PVD. El doctor Silva denuncia una presunta alianza entre el Gobierno, el CONEP y la minera, colocando a funcionarios clave en el Ministerio de Medio Ambiente –descrito como un «abogado corporativo»– con el objetivo de defender intereses empresariales por encima de los del pueblo dominicano. Esta percepción de complicidad se extiende a fallos del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, según el exsenador, desestimaron advertencias previas sobre el peligro de la infraestructura minera.
«El riesgo del desastre ambiental que se denuncia actualmente fue advertido formalmente ante el TSA hace aproximadamente tres años, mediante una demanda impulsada, cuando yo era senador», explicó Iván Silva. Esta acción legal buscaba la suspensión de operaciones o la reubicación del depósito de cianuro o los tanques de GLP, presentando fotografías satelitales como prueba irrefutable de la peligrosa cercanía. El rechazo de esta advertencia por parte del TSA es señalado por Silva como un factor directo que permitió que la minera continuara sus operaciones en circunstancias de alto riesgo para la población.
*El saqueo de recursos no renovables*
El exsenador hace hincapié en el robo masivo de los recursos naturales del país, enfatizando que la minería supuestamente extrae recursos perecederos (no renovables) como oro, plata, bronce y níquel. Con la onza de oro cotizándose a alrededor de $4,500 dólares, y la minera produciendo supuestamente unas 800,000 onzas de oro anualmente, Silva cuestiona la transparencia de los pagos al Estado dominicano. El denunciante afirma además que no existe ninguna certificación clara de Aduanas, Minas o Hacienda que confirme el pago de impuestos, lo que sugiere un lucro desmedido a costa del patrimonio nacional.
«El daño ambiental es descrito como continuo y agravado por las operaciones las 24 horas del día». El excongresista Iván Silva ha mostrado imágenes que capturan una intensa actividad nocturna que asemeja una «guerra» o «explosión», liberando gases tóxicos al aire y contaminando las tierras. La consecuencia directa son las llamadas lluvias sulfurosas que tienen la capacidad de quemar la vegetación y matar animales. Además, se denuncia la destrucción del subsuelo mediante grietas subterráneas y la contaminación de los ríos subterráneos.
*Sobre el desalojo*
El desalojo forzoso coincide con informes de un reciente desborde en el área, posiblemente de la piscina de cianuro o de la presa de cola. Silva indica que el área fue acordonada por la Policía y el ejército (DECRIN) para impedir la toma de fotografías e intentar ocultar el desastre. La «nube roja» observada es un indicativo del riesgo masivo, llevando sustancias tóxicas a los ríos y zonas aledañas, lo que expone a la población a una crisis de salud pública y ambiental sin precedentes.
El exsenador Iván Silva también enfila sus cañones contra la indiferencia de la clase política dominicana (autoridades locales y de oposición) que se abstuvo de apoyar las marchas en Cotuí. Argumenta que el gobierno actual es una administración de Luis Abinader y el CONEP, donde los intereses empresariales han colonizado las altas esferas del poder, relegando a los propios dirigentes de base del partido de gobierno y empleando funcionarios que priorizan las corporaciones sobre el bienestar popular.
Finalmente hizo una llamada a la acción ciudadana ante la falta de respuesta y la presunta complicidad institucional, dónde el exsenador Iván Silva pide a la ciudadanía defender sus propios intereses. Enfatizó que solo la movilización social y la protesta en las calles, como la que lideró en el pasado cerrando la mina por más de 24 horas, han demostrado ser efectivas para obligar a las autoridades a actuar. La situación actual en Cotuí se presenta como un claro ejemplo de que la defensa del medio ambiente, los recursos y los derechos debe ser asumida directamente por el pueblo.
