Santo Domingo. El Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), realizó cinco encuentros de socialización para presentar los resultados del diagnóstico y las primeras propuestas de modificación de la actual Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las jornadas estuvieron dirigidas a instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones sin fines de lucro, organismos internacionales, academias, gremios profesionales, juristas, abogados y representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, con el objetivo de validar los resultados del diagnóstico, y presentar las principales líneas hacia las que se orientan las propuestas de reforma.
Desde el pasado 16 de febrero hasta el 5 de marzo, el equipo consultor presentó las propuestas de actualización de tres de los libros que conforman el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
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En los espacios de diálogo, las instituciones formularon diversas recomendaciones. Entre los planteamientos más recurrentes se destacó la necesidad de contemplar el abordaje de distintas manifestaciones de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia; así como revisar y mejorar los procedimientos vinculados al ámbito familiar.
Asimismo, se reiteró la necesidad de operativizar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo mecanismos claros que permitan escuchar su voz en el entorno familiar, escolar, judicial y en la sociedad en general.
Otro de los aspectos identificados en el diagnóstico y reiterado por los participantes, es la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección. Las discusiones evidenciaron que una respuesta más eficaz frente a situaciones de vulneración de derechos requiere mecanismos de coordinación más claros, intercambio oportuno de información y rutas de actuación compartidas entre las distintas instituciones del Estado.
Esta fase de validación representa un momento clave en el proceso de reforma a la ley, al hacer la puesta en común de un análisis realizado durante más de tres meses, en el que también participaron más de 70 organizaciones.
