Una exnovia de Bad Bunny, de nombre Carliz de la Cruz Hernández, demandó el pasado 1 de marzo al cantante urbano ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan por supuesta violación a la Ley de Derecho de Autor y Ley del Derecho sobre la Propia Imagen por usar la frase “Bad Bunny Baby” en producciones discográficas y conciertos sin su autorización después de haberla grabado con su voz.
De acuerdo con Primera Hora, Carliz habría enviado varias notas de voz cuando aún mantenía una relación con el trapero, entre 2011 y 2015, que han sido utilizadas sin su permiso en temas como “Pa ti” en colaboración con Bryant Myers y “Dos mil 16″, del álbum “Un verano sin ti”.
El intérprete de “Yonaguni” y Carliz, quien es abogada notario, iniciaron su relación mientras eran empleados del supermercado Econo en Vega Baja, Puerto Rico, donde de manera paralela él, trabajaba en sus sueños de ser una estrella de la música y ella le ayudaba, por lo que ambos estuvieron de acuerdo con poner “baby” seguido de “Bad Bunny” para que las canciones sonaran “más original todavía”.
La demanda, en la que también se menciona al manejador de Benito, Noah Assad, y la casa productora Rimas Entertainment, detalla que Carliz grabó el audio dentro de un baño de una amiga en Arecibo.
El 3 de mayo de 2022, tres días antes del lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny, Jomar D. Dávila Narváez (Dávila), en representación de Noah Assad, Rimas y Benito, se comunicó con Carliz para ofrecerle 2 mil dólares para llegar a un acuerdo, pero esta rechazó la oferta y dijo sentirse “engañada”, “intimida y forzada” a aceptar el acuerdo, según el medio de puertorriqueño.
Carliz pide: “No menos de $5 millones; otros $5 millones por cada violación al derecho de integridad; no menos de $5 millones por los daños y perjuicios; no menos de $5 por enriquecimiento injusto; no menos de $5 millones por los daños sufridos por la doctrina de actos propios; no menos de $5 millones por violación al derecho de intimidad e imagen no comercial y a la dignidad; no menos de $5 millones por violación al derecho de imagen; y no menos de $5 millones por violación a los derechos antes discutidos atribuibles a todos los conciertos que se llevaron a cabo en Puerto Rico”, continuó el escrito.
Además, del pago de todos los honorarios y gastos de sus abogados, la devolución de las grabaciones con la frase en cuestión y el desuso de la misma en cualquier escenario.
Los demandados fueron puestos en contexto sobre la situación el pasado 7 de marzo.
